El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumba por segunda vez la adhesión del COAC al referéndum ilegal de independencia del 1-O.

Barcelona a 11 de Marzo de 2019

En relación a la adhesión del Colegio de Arquitectos de Cataluña  al Documento “Colegios Profesionales y asociaciones de Cataluña ante el referéndum del 1 de Octubre de 2017” en fecha 20/9/2017, un grupo de arquitectos colegiados del C.O.A.C, integrados en la agrupación “Arquitectos Unidos”, demandamos al Colegio, por lo contencioso administrativo, en los tribunales de justicia, al considerar que se había vulnerado nuestro derecho a la libertad ideológica, de pensamiento y de expresión, amparadas por la Constitución española, en su artículo 16 y otros.

El juzgado contencioso administrativo nº 15 de Barcelona, nos dio la razón en primera instancia, declarando nulo el acto administrativo, por vulneración de los citados derechos civiles, en la sentencia  85/2018 de 15 de marzo de 2.018

Recurrida en 2º instancia por el COAC, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratifica en lo fundamental la sentencia anterior, en la sentencia nº 135 a la apelación 406/2018, dando la razón a los colegiados que demandaron al colegio por vulneración de sus libertades y derechos civiles.

En concreto y extraído de la sentencia:

  • “no cabe duda que el acuerdo litigioso de autos, no es de naturaleza privada, sino emanante de una Corporación de Derecho Público (integrante de la llamada Administración Corporativa en tanto que desempeña el COAC funciones de interés general), actuando en representación de sus colegiados. Nótese al respecto que la Junta de Gobierno (y el acuerdo emana de ésta) es el supremo órgano colegiado de representación de los arquitectos del territorio catalán, y no se ha expresado en el acuerdo impugnado como que se ha dictado a título particular o privado, sino en nombre y representación del citado Colegio Profesional.

 

  • el acuerdo recurrido no puede enmarcarse como se pretende

dentro de las funciones privadas del Colegio de Arquitectos, por cuanto del análisis del mismo trasciende sin duda alguna que se trata de la adhesión al documento “ Los Colegios Profesionales y Asociaciones de Catalunya ante el referéndum” en el cual en su parte final se pretende que “se facilite y promueva un debate democrático, plural en igualdad de condiciones y sin amenazas entre las distintas opciones “ y “ que los ciudadanos de Catalunya puedan ejercer todos sus derechos democráticos, entre ellos el de voto y de expresión sin limitación y en libertad “, pretensiones estas que desbordan una mera actuación privada, para incidir directamente en aspectos políticos y que afectan directamente a las funciones públicas del Colegio encuadrándose dentro de las funciones que la Ley 7/2003 del

ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales de Catalunya considera como públicas en su artículo 39 ya que en modo alguno pueden encuadrarse dentro de las llamadas funciones privadas que se delimitan en el artículo 40 referidas a los intereses particulares de sus miembros, por lo que debemos considerar que la actuación recurrida por su contenido material se enmarca dentro de las funciones públicas del Colegio y su impugnación y control, es competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.”

 

  • “Dado que la colegiación es obligatoria para quien quiera ejercer la profesión, no deja otra opción a los colegiados que alinearse con la opción ideológica o política que el Colegio Profesional ha asumido junto con los compromisos que se asumen para hacerlo posible. No hay que olvidar que existen otros cauces previstos en la Constitución española, voluntarios y estrictamente privados, para poder asumir libremente un posicionamiento ideológico como lo son las asociaciones (art. 22 de la CE) o los partidos políticos (art. 23 de la CE). En definitiva, no puede exigirse a nadie que asuma una ideología como condición para el ejercicio de una profesión. Hacerlo supone una vulneración a la libertad ideológica, de expresión y de asociación, libertades todas ellas indisolublemente unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la Constitución española.”

 

Ante todo ello, el grupo “Arquitectos Unidos” expresamos:

  1. Se nos ha dado la razón en los tribunales, por segunda vez, por vulneración de nuestros derechos civiles.
  2. Se nos comunica la intención por parte de la junta de gobierno del COAC de seguir dedicando tiempo y recursos de todos los colegiados, recurriendo a instancias judiciales superiores.
  3. Nos choca la contumacia de seguir gastando dinero, tiempo y esfuerzos de toda índole, en defender lo que tan claro queda en las sentencias judiciales, fuera de las atribuciones de un Colegio Profesional y vulnerando derechos civiles fundamentales de los colegiados, en lugar de dedicar dichos recursos a defender  la delicada situación profesional de un colectivo que tan duramente ha sido golpeado por las últimas crisis.
  4. A este respecto, hacemos público que los arquitectos miembros de esta iniciativa, hemos pagado por duplicado los costos de ello, por cuanto hemos pagado de nuestro bolsillo nuestros abogado y procurador, y con nuestras cuotas, también los del la junta de gobierno del COAC.
  5. Que nos llama poderosamente la atención que tan enconadamente se defiendan los actos de una junta anterior, cuando reiteradamente en las asambleas del COAC, se recalca que el nuevo equipo de gobierno del colegio es otro distinto al anterior.
  6. A este respecto añadimos que,dado que el anterior decano del COAC, responsable último de la vulneración de derechos descrita en las sentencias, es el actual decano del Consejo Superior de los Arquitectos de España, esperamos de la junta de gobierno de dicha institución, las asunciones de responsabilidad correspondientes.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *